Apartat històric - [[Què era què al 1700|Qué era qué en 1700|What was what in 1700]] - Conceptes
Barcelona Cultura
Qué era qué en 1700

Austracistas

Partidarios de que el archiduque Carlos de Austria sucediera a Carlos II y, por tanto, de que los Austrias continuaran al frente de la monarquía española. Este colectivo tenía más incidencia en la Corona de Aragón que en Castilla; era ideológica y socialmente heterogéneo (nobles, burguesía comercial, clero y sectores populares), y a él se integraron los defensores del constitucionalismo catalán y la pervivencia de sus instituciones. La pluralidad del austracismo suscitó numerosas divergencias sobre el modelo político que debía seguir la Cataluña de Carlos III: mientras que unos se decantaron por reforzar las atribuciones del monarca para agilizar la toma de decisiones durante la guerra, otros prefirieron impulsar la modernización del sistema político catalán para adecuar el modelo pactista a los nuevos tiempos, con la voluntad de ampliar la participación en los órganos de gobierno de Cataluña y garantizar la defensa de los intereses principales de los sectores pudientes catalanes.

Filipistas

Partidarios de Felipe V durante la Guerra de Sucesión. La dinastía borbónica fue mejor recibida en Castilla que en la Corona de Aragón, a pesar de que en 1701 Felipe había obtenido una buena acogida cuando llamó a Cortes en Cataluña. Al empezar la guerra, el filipismo catalán se limitaba a un sector de la nobleza, el alto clero y una parte relevante de los doctores en leyes de la Real Audiencia de Cataluña. Los sectores populares, en cambio, no tardaron en hacer pagar al rey Felipe el tradicional odio hacia Francia y la vulneración de las leyes y derechos de los catalanes con la imposición de un modelo absolutista. En Cataluña, se conocía a los filipistas por el apodo de botiflers, que se asociaba a la condición de traidores. Existen varias hipótesis sobre el origen de este mote: algunas apuntan a la expresión francesa beauté fleur, que designa el escudo de armas de la casa de Borbón, con una flor de lis plateada sobre fondo azul, mientras que otras sugieren que deriva de la palabra botiró, en su acepción de ‘arrogante’, muy utilizada en la zona de Centelles. Allí, durante la revuelta de los Barretines (1687-1689), llamaban de esta forma despectiva a los soldados del ejército real. Si bien, al principio, los filipistas no eran considerados contrarios al sistema de gobierno y de constituciones de Cataluña, a medida que avanzaba la guerra acabaron apoyando a Felipe V en su obstinada cruzada contra las constituciones catalanas. No obstante, al final de la contienda bélica todavía existían algunos filipistas, como Llorenç Mateu de Villamayor, que defendían el sistema propio de gobierno de Cataluña desde el Consejo de Castilla, pero eran una excepción.

 

Exilio

La guerra provocó el desplazamiento de entre veinticinco y treinta mil austracistas que huyeron de los territorios ibéricos de la monarquía hispánica. El exilio de catalanes se produjo sobre todo en dos momentos: en 1713, cuando la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel y su corte abandonaron Barcelona para instalarse en Viena, y después de las derrotas de Barcelona y Cardona, que dieron lugar a un flujo constante de exiliados que duró más de una década. Los expatriados se establecieron, sobre todo, en los territorios italianos del emperador Carlos VI y en la corte vienesa, y también en Flandes y Hungría, aunque en un número menos importante. El caso más conocido es el de la colonia española en el Banato de Temesvar, que fundó la ciudad de «Nova Barcelona» (1735-1738) —la actual Zrenjanin, en la región autónoma de la Voivodina (Serbia)— cuando el emperador impulsó la repoblación de los territorios que había conquistado al Imperio otomano (1716-1718). Más de 800 exiliados catalanes se establecieron en Nova Barcelona, pero las epidemias, la amenaza turca y la carencia de recursos imperiales hicieron que esta colonia fracasara.

Después de la firma del Tratado de Viena (1725), algunos exiliados retornaron a sus lugares de origen. Sin embargo, en 1735 todavía quedaban entre ocho y trece mil catalanes diseminados por el Imperio. Muchos de ellos tuvieron que volver a desplazarse cuando los territorios del sur de Italia pasaron a manos de los Borbones. La principal ciudad de acogida para los expatriados fue Viena, con 1.500 exiliados que crearon sus propios lugares de encuentro, como el Monasterio de Montserrat y la iglesia de la Merced anexa; o el Hospital de Españoles (1717) que, entre 1718 y 1732, atendió a 2.400 pacientes; y palacios como el de Maria Anna Josepa Pignatelli i d’Aymerich, que se había casado con el conde de Althan, uno de los hombres más cercanos a Carlos VI. Después de la muerte de su marido (1722), el palacio se convirtió en un lugar de encuentro para esta comunidad y Maria Anna Josepa ofreció recursos, en numerosas ocasiones, a expatriados que vivían en condiciones paupérrimas. El exilio austracista en Viena participó en el «partido español» de la corte, encabezado por Ramon de Vilana-Perlas, pero el grupo de los expatriados era, en su conjunto, ideológicamente más plural, reformista y moderno que el «partido español» vienés.

Migueletes

Unidades de milicias constituidas por voluntarios de extracción popular, rural y campesina que se encuadraban en una organización paramilitar no regular. Las primeras se formaron en el siglo XVII y, aunque al principio de la Guerra de los Segadores (1640-1652) las llamaban «almogávares», evocando el mítico nombre de los ancestros medievales, la denominación que perduró fue la de «migueletes», probablemente por la devoción popular a san Miguel, el arcángel guerrero.

Las constituciones del Principado garantizaban el derecho de los catalanes a ir armados y reconocían la validez de este tipo de unidades paramilitares. Durante el siglo XVII, Cataluña fue un territorio en permanente guerra contra castellanos, franceses o, simplemente, contra los bandoleros. Las escuadras de migueletes a menudo eran sufragadas por las instituciones o autoridades locales para repeler a sus agresores. Y es que éstas no eran unidades convencionales sino que aprovechaban las características del territorio para emboscarse y atacar al enemigo por sorpresa; se habían acostumbrado a vivir sobre el terreno con los recursos que obtenían de los bosques, de los campos y de las rapiñas a las casas rurales. Además, eran consideradas unidades de élite por su ferocidad y porque su capacidad combativa era superior a la de las unidades convencionales de infantería. Durante la Guerra de Sucesión, ambos bandos financiaron la formación de compañías de migueletes, pero sólo el austracista las integró en su ejército, adoptándolas como estructura de Regimientos de Fusileros de Montaña. Los comandantes más conocidos de estas unidades fueron los coroneles Ermengol Amill, Manuel Moliner i Rau, Francesc Macià Bac de Roda y Pere Joan Barceló, más conocido como El Carrasclet.

Decreto de Nueva Planta

Formó parte de un conjunto de decretos promulgados por Felipe V que definió el nuevo sistema político que debía implementarse en los territorios de la Corona de Aragón, basado en la centralización y la militarización de la administración real. Este nuevo sistema era de matriz castellana y menospreciaba los demás ordenamientos jurídicos y políticos.

El Real Decreto de Nueva Planta por el cual la Real Audiencia de Cataluña asumía el modelo castellano y pasaba a ser presidida por el capitán general, erigido en máxima autoridad civil y militar del Principado, se publicó el 16 de enero de 1716. Abolía el derecho público y, por tanto, las instituciones y constituciones catalanas, pero no se pronunciaba sobre el derecho civil, penal y procesal catalán, que, en consecuencia, fueron restablecidos. El mantenimiento de esta legislación se ha interpretado como un triunfo de los catalanes que participaron en la implementación del Decreto y que convencieron al rey de que, para garantizar su soberanía, era suficiente con derogar el derecho público catalán.

El ordenamiento jurídico castellano se implementó también en el gobierno local: las veguerías se sustituyeron por doce corregimientos, cuyos corregidores, a menudo militares, eran designados por el rey; y, en los ayuntamientos, se establecieron regidurías ―menos representativas que los órganos municipales precedentes, porque artistas y menestrales tenían vetado el acceso―, con regidores controlados por las autoridades superiores. A partir de 1739, en los ayuntamientos se generalizó un modelo local corrupto a través de la venta de cargos municipales. Los amplios mecanismos de participación y representación política fueron sustituidos por la formación de oligarquías muy jerarquizadas. A partir de entonces, el castellano se convirtió en la única lengua oficial y obligatoria de la administración y la judicatura, hecho que supuso una segregación de los usos de la lengua castellana y la catalana, que comportó una reducción progresiva del valor de uso del catalán entre las élites.

El caso de los catalanes

Éste fue el nombre que las cancillerías europeas que participaron en la Guerra de Sucesión dieron a los debates y acuerdos sobre Cataluña que se produjeron durante los dos últimos años del conflicto. El objeto de estos debates era garantizar la conservación de las libertades y constituciones catalanas en caso de que Felipe V saliera vencedor, tal como se había acordado en el Pacto de Génova (1705). La designación del archiduque Carlos como sucesor de su hermano al frente del Sacro Imperio Germánico motivó que, en enero de 1712, estas cancillerías se reunieran en un congreso para acordar la paz entre ingleses, franceses y españoles. Poco después, el representante del Imperio se incorporó a las negociaciones y propuso que los territorios de la Corona de Aragón se mantuvieran bajo su dominio. La propuesta fue rechazada por las cancillerías y Felipe V se negó a conservar la estructura política catalana. La respuesta del embajador imperial fue plantear la formación de una república catalana bajo protección británica, pero ingleses y españoles se opusieron. La negativa del emperador a que el embajador catalán, Francesc Berardo, marqués de Montnegre, asistiera a las negociaciones como un representante más de las naciones en guerra demuestra el poco recorrido que tenía la propuesta republicana.

El 19 de marzo de 1713, el archiduque Carlos, proclamado ya emperador Carlos VI, firmó el acuerdo por el cual se comprometía a retirar las tropas imperiales de Cataluña, aunque lo mantuvo en secreto y retrasó su aplicación; mientras tanto, daba órdenes a la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel de que abandonara Barcelona y volviera a Viena con su séquito, sin que las autoridades catalanas hicieran nada para obstaculizarlo. Tres meses más tarde, el virrey conde de Starhemberg hizo efectivo el acuerdo con la firma del Convenio de L’Hospitalet (22 de junio de 1713). Las negociaciones entre los británicos y Felipe V prosiguieron hasta que el gobierno moderado del vizconde de Bolingbroke transigió y aceptó el acuerdo de respetar las vidas y los bienes de los catalanes, pero no sus privilegios.

«El caso de los catalanes» resurgió en la Cámara de los Lores inglesa cuando la oposición de los whigs lo utilizó para desacreditar al gobierno de los tories. A pesar de los intentos del embajador catalán Felip de Ferran i de Sacirera de incidir sobre el nuevo monarca inglés Jorge I, la caída de Barcelona cerró cualquier posibilidad de reabrir el caso. No fue hasta 1719, a raíz de la invasión anglo-francesa del norte de Cataluña, que el ministro francés Guillaume Dubois presionó a su homólogo inglés, Lord James Stanhope, para restaurar la estructura constitucional catalana. El curso de la guerra dejó nuevamente en suspenso la cuestión catalana, que quedó zanjada de forma definitiva en el Tratado de Viena (30 de abril de 1725) firmado por los dos antiguos adversarios, Felipe V y el emperador Carlos VI, por el cual el segundo renunciaba a sus derechos sobre la sucesión de Carlos II de Castilla, que había desencadenado la Guerra de Sucesión.