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Qué era qué en 1700

Constituciones

Eran las normas legislativas de mayor rango en el Principado y sólo podían ser modificadas por las Cortes. El rey y los brazos o estamentos pactaban su aprobación. Las constituciones catalanas se compilaron en varias ocasiones, en 1494, en 1588-1589 y en 1704 y, a pesar de que recogían algunas disposiciones en desuso, la gran mayoría eran perfectamente válidas en la vida civil.

Estas disposiciones garantizaban, por un lado, los derechos colectivos de los catalanes, impidiendo cualquier arbitrio o injerencia derivada de la autoridad real, y, por otro, un amplio abanico de derechos y garantías individuales, como la libertad de residencia, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, el hábeas corpus, el derecho a no servir al ejército real si no era para defender territorio catalán, el derecho a no ser condenado sin pruebas y, sobre todo, la obligación del monarca de juzgar en función de esas pruebas, precepto que impedía cualquier tipo de arbitrariedad. Estos derechos colectivos e individuales convivían con la realidad de una sociedad estamental basada en los privilegios y con la confrontación de intereses sociales existentes bajo el paraguas del constitucionalismo catalán.

Diferencia entre fueros y constituciones

Las constituciones eran acuerdos que se establecían en las Cortes después de una negociación y podían ser propuestas tanto por el monarca como por los brazos o estamentos. Por lo tanto, estos pactos eran fruto de la necesidad de ambas partes: por un lado, los estamentos anhelaban adecuar la legislación a las nuevas realidades y demandas y, por otro, el rey pretendía obtener un determinado donativo económico del Principado que las Cortes debían aprobar. De esta manera, las constituciones eran la expresión legal de los acuerdos contractuales establecidos entre el rey y los brazos tras un proceso de negociación. En las Cortes de 1701-1702 y las de 1705-1706, se acordaron nuevas constituciones que modernizaban el funcionamiento de las instituciones catalanas, en las cuales se reflejaban las transformaciones socioeconómicas surgidas del dinamismo político y de la presencia de la burguesía en los comunes. A diferencia de las constituciones, los fueros eran concesiones otorgadas por el monarca a un territorio o localidad sin que se produjera ningún tipo de negociación entre ambas partes y, por tanto, tenían un rango menor. La aprobación de nuevas constituciones al término de cada una de las Cortes corroboraba la vitalidad y el dinamismo de un sistema político que, de forma progresiva, se hizo más permeable y representativo de los intereses de los principales grupos económicos y los sectores socialmente más pudientes de Cataluña.

Cortes de 1705-1706

El archiduque Carlos llamó a Cortes por los mismos motivos que su adversario, Felipe V, pero su desarrollo impulsó la transformación de las leyes catalanas para adecuarlas a las demandas de la burguesía comercial catalana; así, se ratificaron los principales objetivos logrados en las Cortes de 1701-1702. En el ámbito económico, se consiguieron algunas mejoras, como, por ejemplo, el incremento del número de barcos que podían comerciar directamente con América exentos del control de la Casa de Contratación de Sevilla. En materia institucional, se aceptó el mantenimiento del Tribunal de Contrafacciones y se acordaron medidas como ejercer un mayor control sobre los funcionarios reales para evitar los abusos y corruptelas que las periódicas visitas reales no hacían más que promover; exigir que los oficiales de la Inquisición en Cataluña fueran catalanes; y el establecimiento de una regulación sobre los precios del trigo que impidiera movimientos especulativos. En el ámbito político, se aprobó el compromiso de reintegrar los condados del Rosellón y la Cerdaña, que se habían incorporado a Francia después de la firma del Tratado de los Pirineos (1659), y la restitución de los territorios italianos (Cerdeña, Sicilia y Nápoles) a la Corona de Aragón. También se consiguió la reivindicación más anhelada por los comunes catalanes, que era la recuperación del derecho a insacular libremente sin que el monarca pudiera intervenir en las listas de los candidatos escogidos. Por todo esto, aquellas Cortes fueron un paso decisivo para la modernización de las instituciones catalanas y para la transformación de una tradición pactista en una alternativa contractual con más garantías.

Cortes de 1701-1702

Felipe V de Castilla llamó a Cortes para jurar las constituciones catalanas y, de esta manera, fue proclamado soberano. Éstas fueron las primeras Cortes que pudieron clausurarse correctamente desde 1599, porque las anteriores, que se habían celebrado en 1626, no habían llegado a cerrarse debido al enfrentamiento entre los brazos y el rey. Seis años después, en 1632, se intentó retomarlas, pero el conflicto entre las instituciones catalanas y el monarca volvió a resurgir. Este desencuentro sería una de las causas que originarían la Guerra de los Segadores (1640-1652).

En las Cortes de 1701-1702, los representantes de los brazos aceptaron al nuevo monarca, Felipe V, después de que éste acordara resolver los agravios presentados por las instituciones catalanas. En materia económica, el rey concedió a los catalanes la posibilidad de acceder al mercado americano con dos barcos anuales y la creación de una Compañía Náutica Mercantil y Universal que seguía el modelo de las compañías inglesa y holandesa dedicadas al comercio con las Indias Orientales y Occidentales. También se aprobaron algunas innovaciones en el sistema político catalán para ejercer un mayor control sobre las finanzas, evitar la corrupción y agilizar la resolución de conflictos entre la autoridad real y las instituciones catalanas. En este sentido, se creó el Tribunal de Contrafacciones, con una representación paritaria de juristas reales y de delegados de los brazos para dirimir las demandas contra los funcionarios reales acusados de vulnerar las constituciones, privilegios y derechos de Cataluña. Aun así, el rey quiso mantener su capacidad de injerencia en la elección de los miembros de la Diputación del General y del Consejo de Ciento, motivo por el cual no aceptó la restitución del derecho de insaculación como procedimiento electoral de dichas instituciones, que era una de las principales reivindicaciones catalanas. Estas Cortes significaron la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y la monarquía mediante el establecimiento de un mecanismo de control sobre los oficiales reales.