¿Qué tiene que ver la Guerra de los Segadores con 1714?
Durante el reinado de Felipe IV de Castilla (1621-1665), se inició un persistente proceso de erosión de las constituciones catalanas a través de la injerencia real en las instituciones del Principado, que alcanzó su punto álgido durante el reinado de Felipe V con la imposición del Decreto de Nueva Planta (1716). La Guerra de los Segadores (1640-1652) se desencadenó porque los Comunes (Generalidad, Consejo de Ciento y el brazo militar) se negaron a infringir las constituciones catalanas para satisfacer la exigencia real de recursos económicos y humanos para abastecer a los ejércitos de la monarquía que luchaban en Europa. El desenlace del conflicto fue favorable al rey, y eso le permitió introducir reformas significativas en el sistema político catalán con el objetivo de incrementar su capacidad de intervención mediante el control sobre la elección de los cargos. La conflictividad reapareció de nuevo con la revuelta de los Barretines (1687-1689), fruto de las cargas fiscales abusivas y del aprovisionamiento de las tropas castellanas que combatían a las francesas en el Principado. Carlos II (1661-1700) había sucedido a Felipe IV y prosiguió la política de injerencia y de control sobre las instituciones catalanas, drenando cada vez más de recursos a la Generalidad. Carlos hizo testamento en favor del pretendiente francés, Felipe de Anjou, que, aconsejado por su abuelo, Luis XIV, llamó a las Cortes catalanas en el otoño de 1701 para ganarse a sus súbditos. Las Cortes se clausuraron habiendo desbloqueado el sistema legislativo, pero el monarca adoptó pronto medidas nocivas para los intereses de la burguesía mercantil y manufacturera catalana y que favorecían a sus competidores franceses. Y, por si fuera poco, el virrey borbónico Francisco Fernández de Velasco, siguiendo las instrucciones del monarca, vulneró de forma sistemática las leyes catalanas y demostró así que Felipe V había hecho un salto cualitativo en la tendencia de sus predecesores a intervenir en el funcionamiento de las instituciones, y que había puesto la primera piedra de la futura supresión del sistema político catalán.