Durante el reinado de Felipe IV de Castilla (1621-1665), se inició un persistente proceso de erosión de las constituciones catalanas a través de la injerencia real en las instituciones del Principado, que alcanzó su punto álgido durante el reinado de Felipe V con la imposición del Decreto de Nueva Planta (1716). La Guerra de los Segadores (1640-1652) se desencadenó porque los Comunes (Generalidad, Consejo de Ciento y el brazo militar) se negaron a infringir las constituciones catalanas para satisfacer la exigencia real de recursos económicos y humanos para abastecer a los ejércitos de la monarquía que luchaban en Europa. El desenlace del conflicto fue favorable al rey, y eso le permitió introducir reformas significativas en el sistema político catalán con el objetivo de incrementar su capacidad de intervención mediante el control sobre la elección de los cargos. La conflictividad reapareció de nuevo con la revuelta de los Barretines (1687-1689), fruto de las cargas fiscales abusivas y del aprovisionamiento de las tropas castellanas que combatían a las francesas en el Principado. Carlos II (1661-1700) había sucedido a Felipe IV y prosiguió la política de injerencia y de control sobre las instituciones catalanas, drenando cada vez más de recursos a la Generalidad. Carlos hizo testamento en favor del pretendiente francés, Felipe de Anjou, que, aconsejado por su abuelo, Luis XIV, llamó a las Cortes catalanas en el otoño de 1701 para ganarse a sus súbditos. Las Cortes se clausuraron habiendo desbloqueado el sistema legislativo, pero el monarca adoptó pronto medidas nocivas para los intereses de la burguesía mercantil y manufacturera catalana y que favorecían a sus competidores franceses. Y, por si fuera poco, el virrey borbónico Francisco Fernández de Velasco, siguiendo las instrucciones del monarca, vulneró de forma sistemática las leyes catalanas y demostró así que Felipe V había hecho un salto cualitativo en la tendencia de sus predecesores a intervenir en el funcionamiento de las instituciones, y que había puesto la primera piedra de la futura supresión del sistema político catalán.

Pau Ignasi de Dalmases era el embajador de los Tres Comunes en Inglaterra y, cuando consiguió ser recibido por la reina Ana el 28 de junio de 1713, le manifestó que «los catalanes estamos luchando por nuestra libertad» y le solicitó la protección de Inglaterra para un país en que «las leyes, privilegios y libertades eran en todo parecidas y casi iguales a las de Inglaterra». A pesar de que la comparación era un tanto exagerada, apuntaba a cuál era el modelo político hacia el que se encaminaba el parlamentarismo catalán. Si los catalanes lucharon durante el larguísimo sitio borbónico de Barcelona es porque sabían positivamente que la entronización de Felipe V significaría la desaparición de sus constituciones, que garantizaban un sistema político basado en la participación y en los intereses de una amplia minoría pudiente. Cuando el mariscal Berwick entró victorioso en Barcelona después de haber concedido las capitulaciones a los vencidos, hizo comparecer de forma pública a las autoridades de la ciudad y las despojó de sus atuendos, insignias y estandartes, que hizo apilar en el centro de la plaza. El verdugo ejecutó simbólicamente a las instituciones y constituciones cuando encendió la pira, y con aquella acción el duque de Berwick mostró a los catalanes que no les «quedaba más privilegio que el que la piedad del rey quisiera reconocerles». La derrota sometió a los catalanes al imperio de la arbitrariedad del rey y las leyes ya no fueron una expresión de los intereses económicos, políticos y sociales de los viejos y nuevos grupos pudientes del Principado, sino la imposición de la voluntad de la monarquía.

Las constituciones eran la expresión legal de un sistema político basado en el pacto y en los acuerdos entre las instituciones catalanas y el monarca. Este corpus jurídico se renovaba de forma periódica para dar respuesta a las demandas de los diferentes grupos sociales que estaban al frente de los Comunes (Generalidad, Consejo de Ciento y el brazo militar). Las constituciones también garantizaban algunos derechos individuales a los catalanes como la libertad de residencia, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, el hábeas corpus, el derecho a la asistencia jurídica gratuita para los acusados, el derecho a no ser reclutados para servir en el ejército real fuera de Cataluña, el acceso exclusivo a los cargos políticos y eclesiásticos en el Principado y algunos otros.

Cataluña todavía era una sociedad estamental, pero poco a poco la burguesía comercial y manufacturera había ido ganando peso en los Tres Comunes y marcaba el rumbo, en colaboración con la nobleza aburguesada, y esto hacía que dichas instituciones tuvieran un grado de representatividad superior a las del resto de territorios de la monarquía hispánica. A pesar de esto, todavía estaban lejos de la solidez de un sistema parlamentario como el inglés. El republicanismo catalán de principios del siglo XVIII deriva, por tanto, del incremento progresivo de la participación de los ciudadanos en la política y de la flexibilidad de las instituciones para actuar con autonomía respecto a la autoridad real. Cuando los Comunes optaron por involucrarse en el pleito sucesorio de la Corona española del lado del archiduque Carlos, lo hicieron para obtener unas garantías que impidieran la injerencia del rey, y no por una pretensión secesionista. Las constituciones garantizaban un sistema de derechos, libertades y privilegios que organizaban la vida política, social y económica de los catalanes, y su eliminación hizo que durante el siglo XVIII los catalanes tuvieran que explorar nuevas vías de modernización al margen de la actividad política.

Las constituciones eran acuerdos establecidos en las Cortes después de una negociación y tanto podían haber sido propuestos por el monarca como por los brazos o estamentos. Por tanto, estos pactos eran fruto de la necesidad de ambas partes: por un lado, los estamentos querían adecuar la legislación a las nuevas realidades y demandas y, por otro, el rey pretendía obtener un donativo económico del Principado que debían aprobar las Cortes. Así pues, las constituciones eran la expresión legal de los acuerdos contractuales establecidos entre el rey y los brazos, después de un proceso de negociación. En las Cortes de 1701-1702 y las de 1705-1706 se acordaron nuevas constituciones que modernizaban el funcionamiento de las instituciones catalanas, en las cuales se reflejaban las transformaciones socioeconómicas surgidas del dinamismo político y de la presencia de la burguesía en los comunes. A diferencia de las constituciones, los fueros eran concesiones otorgadas por el monarca a un territorio o localidad sin que se produjera ningún tipo de negociación entre ambas partes y, por tanto, tenían un rango menor. La aprobación de nuevas constituciones a la clausura de cada una de las Cortes corroboraba la vitalidad y el dinamismo de un sistema político que, de forma progresiva, se había hecho más permeable y representativo de los intereses de los principales grupos económicos y sociales pudientes de Cataluña.

Los catalanes empezaron a romper lazos con Felipe V a partir del día siguiente de la clausura de las Cortes de 1701-1702. En Cataluña existía un fuerte sentimiento antifrancés, que había crecido durante la segunda mitad del siglo XVII a causa de la ocupación constante de sus tropas (como sucedió durante la Guerra de los Nueve Años, entre 1689 y 1697) y de la entrada masiva de productos manufacturados franceses que saturaban el mercado catalán desde la firma del Tratado de los Pirineos (1659). Otros factores se añadieron a estos motivos, como el malestar que provocó la política despótica de Felipe V durante el virreinato de Francisco Fernández de Velasco (1703-1705), que transgredió de forma sistemática las constituciones aprobadas por las últimas Cortes y reprimió con dureza a los partidarios austracistas, y la animadversión de la burguesía hacia el monarca Borbón, que, a raíz del estallido de la guerra, había prohibido comerciar con Inglaterra y Holanda, que eran los principales compradores del aguardiente catalán. La pieza clave de la alternativa a Felipe V fue la atracción que despertaba el constitucionalismo entre los grupos sociales más pudientes, ya que les ofrecía garantías para participar en el sistema político y, a la vez, suponía un freno al creciente poder real. El proceso de reforma de las instituciones catalanas que se produjo durante las Cortes de 1705-1706 convocadas por el archiduque Carlos significó la profundización en la modernización del sistema político catalán, que se encaminaba ya hacia un modelo representativo.

Cuando el virrey conde de Starhemberg abandonó Barcelona para volver a la corte vienesa (9 de julio de 1713) empezó lo que los historiadores definen como «el momento republicano». La Junta de Brazos se reunió sin el monarca y acordó resistir. A raíz de esa decisión, buena parte de la nobleza y algunos burgueses y eclesiásticos huyeron hacia Mataró y cambiaron de bando. Barcelona quedó en manos de los militares, los burgueses y los sectores más populares, que promovieron la radicalización política de la ciudad. Cuando se hizo público que la Junta de Brazos resistiría para preservar las constituciones catalanas, que se consideraban una fuente de beneficios sociales, el constitucionalismo catalán se convirtió en republicanismo. Este momento republicano fue acompañado por una ola de reformismo moral que pretendía enaltecer el comportamiento virtuoso de la población, motivo por el cual se clausuraron triquets (casas de juego), se castigó duramente cualquier indicio de fraude en la administración y se protegieron los intereses de los sectores populares. Simultáneamente se desencadenaron toda una serie de manifestaciones providencialistas, con la irrupción de un fanatismo religioso que multiplicó rogativas, procesiones y culto a vírgenes y santos. Mientras algunos líderes políticos incentivaban este comportamiento para beneficiarse de él, las máximas autoridades civiles y religiosas intentaban moderarlo. Estas élites todavía confiaban en la ayuda del emperador y leían esperanzadas los  ambiguos mensajes de Ramon de Vilana-Perlas que llegaban desde la corte imperial. El último de los factores que contribuyó a fortalecer la resistencia fue la política represiva de Felipe V y la implementación de los Decretos de Nueva Planta en Aragón y Valencia.

La madrugada del 10 al 11 de septiembre se produjo la ofensiva final de las tropas borbónicas en los puntos donde la muralla estaba más deteriorada, entre los baluartes del Portal Nou, Santa Clara y Llevant. A las 7 de la mañana, el primer consejero, Rafael Casanova, lideró el contraataque barcelonés en el terraplén de Jonqueres enarbolando el estandarte de Santa Eulalia, que sólo ondeaba en situaciones de peligro extremo para la ciudad. Al poco tiempo el consejero cayó herido y el alférez mayor y portador del cordón de la bandera, Joan de Lanuza i d’Oms, sostuvo el pendón mientras proseguía el combate. La segunda y tercera ofensiva de los sitiadores se dirigió contra el  baluarte del Migdia, donde la feroz resistencia de los defensores permitió al coronel Francesc Sans i de Miquel organizar otro contraataque con unas cuantas unidades de la Coronela. El diputado real en representación de la Generalidad, Antoni Grases i Des, llegó unas horas más tarde a Pla de Palau con la bandera de San Jorge para encabezar un nuevo contraataque, pero el coronel Sans lo desestimó y prefirió proteger el estandarte, que mantuvo en la retaguardia. El comandante supremo Antonio de Villarroel reagrupó a algunas unidades de la Coronela con otros combatientes dispersos en la plaza del Born, con el objetivo de lanzar un segundo contraataque contra las tropas borbónicas que estaban en el Pla d’en Llull. Desde el otro lado de la plaza, los asediadores impidieron la salida de los defensores y Villarroel fue abatido y quedó atrapado bajo su caballo, gravemente herido. A las tres de la tarde, el coronel Pau Thoar hizo suya la voluntad del comandante supremo Villarroel (que le había transmitido el coronel Juan Francisco Ferrer) y tomó la iniciativa de llamar a parlamento a las autoridades militares borbónicas, para evitar el saqueo de la ciudad a la caída del día, sin informar previamente a los Comunes. Poco después se acallaron los tiros, y el coronel Ferrer comunicó los términos en que se establecía la negociación de la capitulación a las autoridades civiles reunidas en el Salón de Ciento, que no tuvieron más remedio que ratificar los hechos consumados. Barcelona había caído y al día siguiente los Tres Comunes (Generalidad, Consejo de Ciento y el brazo militar) deliberaron para obtener una capitulación favorable, pero no consiguieron preservar las instituciones y constituciones catalanas, eliminadas por la imposición del Decreto de Nueva Planta (1716).

La política represiva de Felipe V no terminó después del final de la Guerra de Sucesión y prosiguió hasta el Tratado de Viena (1725). A pesar de las capitulaciones firmadas, los veinticinco responsables militares de la resistencia barcelonesa durante el sitio borbónico de 1713-1714 fueron encarcelados. Se confiscaron los bienes y las rentas de los principales líderes austracistas, y en algunos casos se les impidió ejercer su profesión, hecho que suponía condenarlos a una situación de carestía permanente. El emperador Carlos VI acogió a todos los exiliados que le habían servido como rey de la monarquía hispánica y les ofreció pensiones, integrarse en el ejército imperial con el mismo rango, o bien cargos, sobre todo en la administración real de los territorios italianos. Estas condiciones ventajosas fueron sobredimensionadas por los austracistas a causa de la represión que sufrían en Cataluña y tuvieron un importante efecto llamada, atrayendo a miles de catalanes hacia los territorios italianos del emperador o a la corte vienesa. El contexto internacional —las guerras de Felipe V con la Triple y Cuádruple Alianza (1717-1719)— hizo creer a muchos austracistas que la situación en Cataluña podría revertirse con rapidez, y se extendieron las partidas que se enfrentaban a las autoridades borbónicas, como la de Pere Joan Barceló, El Carrasclet (1718-1720). La paz definitiva de la Guerra de Sucesión se firmó en Viena en 1725, cuando emisarios de Felipe V y Carlos VI acordaron poner fin a la represión, la liberación de los prisioneros de guerra y la devolución de los bienes y las rentas a los derrotados de ambos bandos. No fue hasta entonces que Cataluña pudo recuperar la tranquilidad y que muchos de los exiliados regresaron, pero, aun así, el gobierno continuó en manos de militares, hecho que suscitó las críticas de incluso algunos filipistas del Principado.

El embajador de los Comunes catalanes en las Provincias Unidas, Felip de Ferran de Sacirera, fue recibido en La Haya por el nuevo monarca inglés, Jorge I, el 18 de septiembre de 1714. Ni uno ni otro sabían que Barcelona había capitulado una semana antes. El embajador le propuso varias alternativas para el «caso de los catalanes», como, por ejemplo, que la monarquía hispánica se uniera al Sacro Imperio Germánico, que lo hiciera la Corona de Aragón, o bien que Cataluña, Mallorca e Ibiza constituyeran una república bajo la protección de los aliados. Cuando Jorge I llegó a Londres se enteró de la capitulación de Barcelona, pero el Parlamento no volvió a abrir sus puertas hasta el 17 de marzo de 1715 y, a pesar de que contaba con el apoyo del partido whig, prefirió aceptar la nueva situación de Barcelona y los catalanes. La salida republicana para Cataluña que le había planteado Sacirera no era nueva: en 1712, el embajador catalán en la corte vienesa, Josep de Pastor, le había propuesto lo mismo al archiduque Carlos (entonces ya proclamado emperador Carlos VI). Pero ninguna de las dos potencias aliadas estaba dispuesta a defender la formación de unas nuevas Provincias Unidas en el sur de Europa si no se les garantizaban beneficios. La cuestión de los austracistas hispánicos se volvió a debatir durante el Tratado de Viena de 1725, pero no así «el caso de los catalanes». Durante la Guerra de Sucesión polaca (1733-1738), que enfrentó a Felipe V y Carlos VI, muchos confiaron en la posibilidad de revertir la situación de Cataluña. Desde Viena y Cataluña se alzaron voces que propugnaban una reforma de la monarquía española en el sentido de una organización confederal de las coronas y antiabsolutista, y si eso no era posible, defendían una salida republicana para Cataluña, como la que formulaban algunos panfletos que circulaban por la corte vienesa y el Principado de Cataluña, por ejemplo el Via fora als adormits o el Record de l’Aliança fet al sereníssim Jordi August, rei de la Gran Bretanya... Las derrotas de las tropas de Carlos VI en el sur de Italia truncaron toda posibilidad de subvertir el orden político en España y desbarataron el sistema de ayudas a los exiliados austracistas, que se basaba en las rentas y cargos de aquellos territorios. Las negociaciones de paz de Viena (1735-1738) significaron el final de la alternativa austracista, y a partir de entonces los catalanes de dentro y fuera del Principado tuvieron que plantear sus agravios a las respectivas monarquías sin poder apelar a una resolución internacional del «caso de los catalanes».

Después del sitio borbónico, los vencedores decidieron levantar una fortaleza para controlar a la población de Barcelona. La construcción de la Ciutadella provocó más destrucción en la zona más dinámica de la ciudad, el barrio de La Ribera, que la causada por los meses de sitio. El proyecto de Joris Prosper van Verboom comportaba unas demoliciones tan enormes que los barceloneses no daban crédito a la idea, y optaban por reconstruir las casas dañadas por los bombardeos, a pesar de que ya se había proyectado derruirlas. El 9 de marzo de 1715, Verboom recibió el encargo real de levantar la Ciutadella y sólo veinticinco días más tarde presentaba al capitán general la memoria y los planos de la fortaleza, una celeridad excepcional que demuestra que el proyecto estaba bien perfilado antes de la decisión real. Las primeras demoliciones de los edificios más afectados por el sitio se produjeron en agosto de 1715, mientras el superintendente de Cataluña José Patiño exigía a los gremios de la ciudad un donativo para financiar la construcción de la Ciutadella. Durante el otoño de 1715, las autoridades borbónicas y, sobre todo, el ingeniero Verboom denunciaron la falta de colaboración de los barceloneses para llevar a cabo las obras. A principios de 1718, era el intendente de Cataluña, Rodrigo Caballero, quien insistía en este hecho y atribuía el retraso de las obras a la falta de celo de los barceloneses en la demolición de sus propias casas. A pesar de todo, el 1 de marzo de 1716 se colocó la primera piedra de la Ciutadella. Las obras avanzaron con lentitud, y la segunda fase de demoliciones que debía dar lugar a la explanada que separaba la ciudad de la fortaleza se acabó en enero de 1718. La tercera y última supuso la desaparición de menos edificios que los previstos inicialmente, y las obras del perímetro de la Ciutadella se dieron por terminadas el 25 de enero de 1725, poco antes de la firma del Tratado de Viena entre Felipe V y el emperador Carlos VI, que puso fin a las hostilidades latentes desde el final de la Guerra de Sucesión.

Los militares borbónicos quisieron edificar dos barrios nuevos para acoger a la población desplazada a raíz de las demoliciones del barrio de La Ribera, uno en el Raval y otro en la playa. La propuesta de un barrio marítimo extramuros no prosperó por las objeciones planteadas por las nuevas autoridades borbónicas. Después de las primeras demoliciones, en septiembre de 1715 se aprobó la construcción del nuevo barrio en el Raval, pero ninguno de los propietarios afectados quiso trasladarse. Aquél no era el lugar idóneo para que se ubicaran los desplazados que formaban parte de los sectores económicos más activos de la ciudad, que preferían mudarse a las zonas más cercanas a los espacios derruidos. En la playa se formó un barrio de barracas, la Barceloneta, que acogió a los desplazados; si bien primero fue prohibido por las autoridades, no tuvieron más remedio que aceptarlo y, posteriormente, en 1753, debieron regular su ordenación urbanística. El 90% de los desplazados no se fueron de la ciudad y se quedaron en las zonas cercanas a las demoliciones, hasta el punto de que el 40% de los afectados por la primera parte de los derribos se trasladaron a un área que también tenía que ser eliminada posteriormente, como la del actual yacimiento del Born, y, por tanto, debieron volver a mudarse, algunos hacia zonas más alejadas, como los alrededores de la parroquia de Sant Just Pastor, y otros hacia calles más cercanas en el mismo barrio. Todo ello provocó que se incrementara de forma extraordinaria la densidad de población de La Ribera. Un buen ejemplo de esto es una de las casas de la calle Montcada, donde en 1716 vivían dieciocho familias, con un total de treinta y tres personas.

El primer acto para conmemorar la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 fue convocado por el Centre Català presidido por Valentí Almirall, y se celebró en 1886 en Santa Maria del Mar, donde se organizó un funeral dedicado a las víctimas. Pero la crisis del Centre Català y el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona de erigir una estatua dedicada a Rafael Casanova hicieron que esta celebración no tuviera continuidad. La primera manifestación que depositó coronas de flores delante del monumento no se produjo hasta el 7 de abril de 1889, en el marco de la campaña de protestas contra la reforma del código civil porque suponía la desaparición del derecho civil catalán. Aun así, no fue hasta 1894 cuando se inició el ritual de dejar coronas de flores la noche del 10 al 11 de septiembre. En el año 1901, la ofrenda floral nocturna topó con un enorme despliegue policial que quería evitar la concentración. El enfrentamiento entre los jóvenes catalanistas y las fuerzas del orden acabó con numerosos detenidos. La sociedad catalana respondió dos días más tarde con una manifestación multitudinaria que reunió a catalanistas de un amplio abanico ideológico, con la excepción de la Lliga Regionalista. La formación de la plataforma Solidaritat Catalana en 1905 confirió a la Diada del 11 de septiembre una relevancia mayor y un amplio apoyo social. El ritual conmemorativo se consolidó a partir de 1907 y sólo se interrumpió en 1909 a causa del clima de tensión que habían provocado los hechos de la Semana Trágica. La celebración se volvió a interrumpir durante las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco, e incrementó su popularidad durante la II República. Con la llegada de la democracia, el 11 de septiembre se confirmó como Diada nacional, sobre todo después de la gran manifestación de 1977 en favor de la autonomía. Recuperada la Generalidad, el primer gobierno de Jordi Pujol institucionalizó la celebración y, desde entonces, el 11 de septiembre, fecha festiva en Cataluña, combina los actos oficiales con los reivindicativos.